Proponen Programa Nacional Contra el Feminicidio

 

imgres-36La diputada de Movimiento Ciudadano (MC), María Candelaria Ochoa Ávalos, propuso una iniciativa con el objeto de incluir principios de perspectiva de género tendientes a la formulación de un programa nacional de prevención y erradicación de la violencia feminicida en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

En la exposición de motivos se hace referencia a la obligatoriedad que tiene el Estado mexicano a cumplir con la implementación de la transversalización de la perspectiva de género, tanto en la creación de normativas como en el diseño y aplicación de políticas públicas que propicien y garanticen plenamente el ejercicio de todos los derechos a las mujeres.

Lo anterior, con base en los compromisos adquiridos con la firma de instrumentos internacionales en materia de derechos humanos que el Estado mexicano ha suscrito, tales como: la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW).

Dichos instrumentos constituyen –de acuerdo con el marco constitucional- un estándar superior en el marco legislativo mexicano, en el diseño de política pública, en la persecución de los delitos, en el establecimiento de programas de prevención y de seguridad pública, en el marco del sistema de procuración e impartición de justicia, entre otros campos del servicio público.

Subraya la obligatoriedad que tiene México en este sentido, siendo la perspectiva de género, la herramienta científica para lograrlo, pero se observa que en el ámbito de la persecución de los delitos y de la seguridad pública, esta metodología no ha sido suficientemente entendida ni aplicada.

Por ello, resalta la necesidad de que los programas de prevención e investigación de la violencia contra las mujeres, y explica que la violencia contra las mujeres no es la misma que padecen los hombres.

Por eso, las acciones de prevención y erradicación pueden tener la misma naturaleza a la luz de la perspectiva de género, tan es así que la propia Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia define cuáles y cómo son los tipos y modalidades de violencia contra las mujeres.

Por otra parte, añade, el Programa Nacional de Procuración de Justicia 2013-2018, incluye la violencia contra las mujeres entre los delitos de alto impacto, siendo uno de sus objetivos coadyuvar en la generación de investigación aplicada para formular estrategias y políticas públicas con perspectiva de género en la materia.

La legisladora expone que pese a los esfuerzos realizados, el Estado mexicano no logra aún estar a la altura de los compromisos contraídos a través de la firma de los instrumentos internacionales en la materia, y tampoco de lo que se requiere para perseguir, sancionar y erradicar la violencia feminicida.

Por ello, en el entendido que la seguridad pública es una función a cargo de los tres niveles de gobierno, que tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz pública, comprende la prevención especial y general de los delitos, así como su investigación y la persecución; la prevención y atención de las instituciones policiales a los delitos que se cometen con violencia contra las mujeres porque son delitos de alto impacto.

La iniciativa también subraya que el gobierno federal ha iniciado investigaciones en nueve estados de la República para determinar si se emite o no la declaratoria de alerta de violencia de género, tras los casos de feminicidio que se han registrado.

Además, observa que en nueve municipios del Estado de México existe una condición grave de riesgo para la seguridad de las mujeres que amerita la intervención estatal para instrumentar, en un territorio determinado, las acciones necesarias para garantizar el derecho de las mujeres a un vida libre de violencia. Esto ocurre quizá porque pareciera que los programas nacionales y estatales de prevención, atención y erradicación de esta violencia, no han sido efectivos.

Por lo anterior, se considera que los programas del Sistema Nacional de Seguridad Pública deben incluir contenidos que transversalicen una perspectiva de género que permita planear e identificar acciones específicas para combatir la violencia feminicida, la más extrema que viven las mujeres.

De ahí la pertinencia de reformar esta ley nacional con dicho objetivo, que sea pauta para la coordinación interinstitucional de todas las autoridades en cuanto a su responsabilidad de adoptar estrategias y líneas de acción para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres.

La iniciativa propuesta fue remitida a la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados.

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