Plantean Ley para Preservar Patrimonio Documental de los Mexiquenses

+Prevé sanciones de prisión para quien sustraiga o destruya documentos considerados patrimonio documental de la nación, del Estado de México o de los municipios

Toluca, México.- Con el objetivo de establecer los principios y las bases generales para la organización y preservación de los archivos que formen parte del patrimonio documental estatal, así como el acceso público de archivos privados de relevancia histórica, social, cultural, científica y técnica estatal, la diputada María Elizabeth Millán García, en nombre del Grupo Parlamentario de morena, presentó ante el pleno de la 60 Legislatura una iniciativa para la expedición de la Ley de Archivos del Estado de México.

La propuesta también incluye sanciones de tres a 10 años de prisión y multa de 3 mil a 5 mil veces la unidad de medida y actualización (UMA) a quien sustraiga, oculte y destruya la información y documentos de los archivos que se encuentren bajo su resguardo o bien sean considerados patrimonio documental de la nación, del Estado de México o de los municipios.

También propone penas de tres a 10 años de prisión y multa de 3 mil veces la UMA hasta el valor del daño causado, para la persona que destruya documentos relacionados con violaciones graves a derechos humanos, alojados en algún archivo, que así hayan sido declarados previamente por autoridad competente.

Con la Ley de Archivos del Estado de México, puntualizó la legisladora, se garantizará la memoria histórica de la entidad y de todos sus municipios, así como el derecho a la verdad, al retomar la prohibición de clasificar como información reservada aquella relacionada con la investigación de violaciones graves a los derechos fundamentales y establecer que se deberán conservar y preservar esos archivos, además de garantizar y respetar el derecho y acceso a ellos.

Indicó que cualquier persona podrá acceder a la documentación sin discriminación alguna, que se abonará a la cimentación del desarrollo de gobiernos digitales abiertos en el ámbito estatal y municipal, que se dará sentido al paradigma de ‘gobierno abierto’ inscrito en la teoría de la gobernanza pública, y que se ampliará el concepto de ‘sujetos obligados’ para incluir a los partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como a cualquier persona física o moral, sindicato o dependencia que reciba y ejerza recursos públicos, o realice actos de autoridad de la federación.

La legisladora proponente explicó que con este ordenamiento se establecerá la organización homogénea de los archivos en poder de las diferentes instancias y se determinarán las bases de organización y funcionamiento del Sistema Estatal de Archivos del Estado de México.

De aprobarse, la Ley aplicará para los archivos en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad de la federación, las entidades federativas y los municipios.

A la propuesta de la legisladora se sumó la diputada Brenda Escamilla Sámano (PAN), como presidenta de la Comisión de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y de Combate a la Corrupción, quien señaló que desde este órgano legislativo se trabaja en un proyecto similar, por lo que se manifestó a favor de conjuntar ideas con la iniciativa presentada.

María Elizabeth Millán resaltó que, con la expedición de esta ley, el Estado de México se pondrá a la vanguardia en la materia, al contar con disposiciones especializadas que regulen y permitan resguardar el patrimonio documental, lo cual abonará a dar respuesta al derecho de petición y acceso a la información pública de la ciudadanía.

Agregó que la ley abonaría al cumplimiento de la 60 Legislatura de las disposiciones contenidas en la Ley General de Archivos, publicada el 15 de junio de 2018 en el Diario Oficial de la Federación, entre las cuales se establece que los congresos locales deberán armonizar sus ordenamientos con la normatividad federal en un plazo de un año.

Para su dictamen, la iniciativa fue enviada a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y de Combate a la Corrupción.

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