Legisladores Señalan Contradicciones Graves en Caso de Policías Acusados de Violación

+ Congreso de la Ciudad de México llama a investigar el caso

CIMAC Foto: César Martínez López / Por: Anayeli García Martínez Cimacnoticias |

Ciudad de México.-El Congreso de la Ciudad de México llamó a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PJG) a escuchar las demandas ciudadanas de justicia e investigar el presunto caso de violación sexual cometido por cuatro policías capitalinos contra una adolescente, en la colonia San Sebastián, en la alcaldía Azcapotzalco, el pasado 3 de agosto.

Después de la manifestación que se realizó este lunes 12, y a petición de los legisladores Ana Patricia Báez Guerrero, del partido Acción Nacional (PAN); Guillermo Lerdo de Tejada, del Revolucionario Institucional (PRI); y Jorge Gaviño Ambriz, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), el Congreso se pronunció por uno de los dos casos de violación sexual cometidos por policías en los últimos 15 días.

En medio de la falta de información sobre la indagatoria, el diputado Gaviño Ambriz explicó que el punto de acuerdo original que él presentó era exhortar a las autoridades a suspender a los cuatro policías acusados de violar a una menor de edad el pasado 3 de agosto, debido a que, hasta ayer, a 10 días de la denuncia, al parecer los agentes seguían en funciones.

Sin embargo, la noche de este miércoles 13, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, publicó un video en su cuenta de Twitter donde anunció que los seis policías, no cuatro como se informó en un primer momento, sino seis, ya eran investigados como presuntos responsables de los delitos de violación y que habían sido separados de sus cargos.

El diputado del PRD subrayó la falta de coordinación entre la Jefa de Gobierno y el secretario de Seguridad Ciudadana, Jesús Orta Martínez, quien desde un principio dijo que no podía ir en contra de los derechos laborales de la policía.

El 6 de agosto, la procuradora Ernestina Godoy informó que los cuatro agentes señalados como los presuntos violadores se mantenían bajo resguardo de asuntos internos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana a cargo de Jesús Orta.

Sin embargo, para el diputado, la funcionaria no aclaró qué significa “resguardo” y no hay en ninguna ley o reglamento la posibilidad de resguardar a un policía, mucho menos por asuntos internos de la propia Secretaría. Además, la procuradora explicó que no había imputación directa, por lo que podían quedar libres y ser reinstalados a sus funciones policiales.

A decir de Gaviño Ambriz, esta falta de información concreta fue parte del detonante de la inconformidad social. Incluso, el 9 de agosto, señaló, hubo contradicción por parte de Jesús Orta, quien informó que los cuatro policías denunciados regresaron a sus funciones, debido a que no había una orden de aprehensión en la Procuraduría de Justicia capitalina.

“Como verán, hay contradicciones graves entre los servidores públicos que han intervenido en las declaraciones. Se tardaron 10 días para tomar la decisión de suspender a los policías ante un fuerte reclamo social”, afirmó el legislador en tribuna.

El legislador perredista señaló que de acuerdo con el artículo 123 apartado B, fracción XIII, de la Constitución federal, se puede suspender a cualquier miembro de cuerpos policiacos si no cumple con la ley vigente. Mientras que la PGJ tiene la obligación de determinar si hay elementos suficientes para iniciar un procedimiento penal.

Más tarde, en la misma sesión de este miércoles, el diputado del PRI, Guillermo Lerdo de Tejada llamó la atención por la serie de errores que se han cometido en el seguimiento de este caso. El hecho, por ejemplo, de que funcionarios de la Procuraduría filtraran el nombre y la identidad de la víctima, y la revictimización que ha sufrido la menor de edad.

“También muy lamentable el retorno de los policías acusados a sus funciones, después de que la víctima no continuó con el proceso de denuncia precisamente por la pérdida de confianza, situación que entiendo fue rectificada el día de ayer”, aseguró el diputado.

El legislador dijo que, como los presuntos agresores ya fueron separados temporalmente de su encargo, es necesario exigir a la Procuraduría General de Justicia que brinde todas las facilidades necesarias a la víctima y realice una investigación pronta, diligente y exhaustiva.

En un punto de acuerdo pidió a las autoridades tomar medidas para no revictimizar a la adolescente que denunció, ofrecerle atención especializada y con perspectiva de género y que la Procuraduría informe cuáles son las medidas que han llevado a cabo para investigar y sancionar a los funcionarios que filtraron la información de la víctima

El priista exhortó a la Secretaría de Seguridad Ciudadana a presentar un diagnóstico ante el Congreso de la Ciudad de México sobre los protocolos y las medidas de control interno con que cuenta esa dependencia para el respeto de los derechos de las mujeres en la ciudad, así como una propuesta de fortalecimiento de los mismos para garantizar la no repetición de los hechos.

Sobre el tema, la diputada de Acción Nacional, Ana Patricia Báez Guerrero, afirmó en tribuna que en ningún país que se llame civilizado se puede tolerar que las autoridades sean las que cometan los delitos, “las víctimas están indefensas, parece que no existen protocolos para proteger a las personas afectadas por los delitos, en específico a las mujeres”, dijo.

“Se tienen todos los instrumentos legales para garantizar el debido proceso, pero vemos que muchas veces la misma autoridad es la que viola los propios procedimientos”, mencionó al pronunciarse en contra de la violencia hacia las mujeres.

Cabe recordar que la semana pasada otra joven denunció que fue víctima de violación, presuntamente por parte de un elemento de la Policía Bancaria e Industrial, quien la violó sexualmente en las instalaciones del Museo Archivo de la Fotografía, ubicado en el Centro Histórico.

Mientras en el Congreso se discutía este tema, en el Palacio del Ayuntamiento, Sheinbaum Pardo anunció un convenio con la Universidad de la Policía local, el Instituto de Formación Profesional de la PGJ y la Escuela de Administración Pública para capacitar en perspectiva de género a los elementos de seguridad y que no cometan delitos como violación y abuso sexual.


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