La Paridad a la Deriva: Mujeres Sin Información y Formación

+No opera el Observatorio Nacional eficientemente; los recursos se manipulan y podría haber conflictos/

Sara Lovera/

SemMéxico. Cd. de México.- Una nueva batalla para asegurar los derechos políticos de las mujeres durante las elecciones locales del próximo 5 de junio está en puerta, afirmó María del Carmen Alanís Figueroa, magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Además de impugnaciones en camino, asoma en forma preocupante la violencia política, dijo y agregó que todavía existe resistencia en las dirigencias partidarias, hay vacíos en la ley, entidades donde no se ha incluido la paridad y dificultades para candidatas independientes.

Este 5 de junio se elegirán en 13 entidades del país mil 635 autoridades; mil 182 presidencias municipales y planillas de ayuntamiento; 441 diputaciones locales  y 12 gubernaturas; no hay elecciones de ayuntamientos en Veracruz y no habrá elección de gubernatura en Baja California. Idealmente deberían elegirse a 817 mujeres, sin considerar sindicaturas y regidurías.

Ya se han elegido candidaturas en los partidos políticos, donde éstos tratan de no cumplir y empiezan las impugnaciones. Dijo que empiezan a surgir algunas impugnaciones que estudia el Tribunal. Afirmó que muchas mujeres no conocen sus derechos y la forma de hacerlos valer, porque no existe suficiente información.

SemMéxico entró en las páginas del Observatorio Nacional de Participación Política de las Mujeres (ONPPM), una aventura, se restringe a ser un repositorio de información, que además es incompleta; tiene una encuesta para los casos de violencia política, sin resultados.

Además, en el ONPPM no se observa ninguna evaluación sobre los procesos, no incluye las impugnaciones que en 2015 fueron 38 y no se hallan ahí herramientas útiles para la actuación de las mujeres en los procesos electorales a pesar de que su objetivo establece que tendría que coordinar acciones encaminadas a promover la participación de las mujeres en espacios de toma de decisiones en el ámbito público en México, en pos de la igualdad.

El Observatorio, según se lee,  refiere que sólo hay cuatro observatorios estatales: Nuevo León, Ciudad de México, Hidalgo y Veracruz, cuando hay noticias de otros seis, al menos y de estos observatorios referidos, el único que tiene herramientas asequibles es el de la Ciudad de México y mucha y buena información el de Nuevo León. Solo dos de las 13 entidades en proceso electoral.

No se reportan los casos de violencia política, ni las resoluciones. En 2015, el Tribunal informó de 38 casos, incluso un asesinato; el observatorio no tiene información sobre las seis renuncias a presidencias municipales en Chiapas, resultado de cómo se repusieron candidaturas femeninas que los partidos evadieron. Tampoco de cómo se solucionó el caso de una candidatura independiente en Puebla. Las resoluciones están en otra parte. En el portal del Tribunal Electoral.

Lo que  si se incluye es el Protocolo para Atender la Violencia Política de las Mujeres, herramienta que será útil en el proceso electoral en curso. Al respecto la magistrada afirmó que el observatorio y los estatales deberían responder a esa necesidad. Su información es muy valiosa. Lamentó que no actúe como verdadero observatorio.

Sobre el protocolo, a falta de legislación, la magistrada Alanís Figueroa señaló que se hace capacitación al personal involucrado tanto del Instituto Nacional Electoral, el Tribunal, la Fiscalía Especializada para Atender Delitos Electorales (FEPADE) y se apoya en actividades del Instituto Nacional de las Mujeres y la Secretaría de Gobernación que participan en la necesidad de operar el protocolo para atender casos de violencia política y tener una mirada integral de lo que ello significa.

Pero ¿dónde estamos?

Con información verificada y actualizada al 2 de mayo, en dos entidades, Veracruz y Nayarit, no se ha legislado sobre paridad política, general, ni vertical ni horizontal  (6.25 por ciento). En Veracruz se renovarán 50 diputaciones,  30 de mayoría y 20 de representación proporcional. Aparentemente los partidos políticos cumplieron.

Por otro lado, en las 30 entidades donde hay paridad electoral en las leyes locales, en seis entidades no se establecen sanciones por incumplimiento: Coahuila, Michoacán, Morelos, Nayarit, Sonora y Veracruz, ahí los partidos políticos podrán evadir la paridad y luego resolver con sustituciones “al vapor” como el caso de 2015 en Chiapas. La consecuencia son las seis presidentas municipales  presionadas para renunciar en las últimas semanas.

Sobre ello la magistrada comentó que eso sucede porque muchas candidatas, designadas en último momento, no tenían carrera política o verdadera representatividad. Un error, porque tampoco, en algunos casos, el órgano electoral vigila o previene.

Explicó que la ley aplica para las candidaturas independientes. El conflicto más importante del actual proceso fue  en Puebla donde María Teresa Aranda recibió negativa para ser inscrita como candidata a la gubernatura. El caso se resolvió en los tribunales; también es un caso de análisis el de la negativa a varias candidatas a la Constituyente en la Ciudad de México, uno se resolvió parcialmente.

Existen nuevos casos de violencia política. Preocupa el caso de Hidalgo, donde varias precandidatas fueron obligadas a renunciar, por amenazas y existen otros relacionados con el proceso. Es violencia política, dijo, que los partidos no les den recursos para campaña; que las hostiguen o se burlen. De ahí la importancia de comprender y operar el Protocolo.

Y el mejor ejemplo es preguntarse dónde está el dinero para el impulso de los liderazgos femeninos. Pero la obligación del financiamiento está disparejo. En Coahuila, Nayarit y Tlaxcala, la ley electoral no obliga a los partidos políticos a ningún porcentaje para capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres. Eso es el 9.37 por ciento.  Importante que en Yucatán la obligación es destinar el 25 por ciento de los recursos de un partido a la promoción de las mujeres.

En Oaxaca se estableció un cinco por ciento adicional sobre los presupuestos de actividades ordinarias; en el 65.5, es decir en 20 entidades los partidos están obligados a aplicar el tres por ciento de sus recursos específicos a ese rubro; destacan Durango, Jalisco y Tamaulipas, donde la legislación local no establece directamente la atribución, sino que se desprende de la legislación general, lo que produce conflicto para determinarla.

Lo que sucede es que en algunos estados, los partidos políticos quieren apoyar las campañas de las mujeres con esos mismos recursos. Lo cual es violatorio a la ley. Eso y otras triquiñuelas de los partidos políticos se verán en las próximas semanas.

Experta en elecciones con perspectiva de género, no es la magistrada Alanís Figueroa  la responsable de género en el TEPJF, explicó que el acuerdo fue otro. Reconoció que ella sola en el Tribunal, tiene que hacer un enorme esfuerzo para la comprensión de la perspectiva de género.

Afirmó que es necesario profesionalizar e impulsar los observatorios, vigilar que se cumpla la ley y estar alertas a lo que sigue.

 

 

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