Falta de Recursos Financieros y Humanos para Atender Violencia de Género

 por Sonia Gerth

Ciudad de México. A un año de la llamada “Cuarta Transformación”, los recursos que se asignan a agencias del Estado para garantizar el acceso a la justicia para las mujeres, son “poco alentadores”, de acuerdo con la politóloga Tatiana Revilla Solís, en la publicación “Desafíos sociales en la frontera norte de México a un año de Gobierno de AMLO”, del Colegio de la Frontera Norte.

A las principales fallas reportadas por quienes operan las instituciones responsables de prevenir, atender y sancionar la violencia de género, recaen falta de recursos humanos, materiales y de capacidades institucionales, las cuales, aún con mayores presupuestos en años pasados, no pudieron presentar mejoría, aseguró la doctora en políticas públicas en su análisis “Fallas y retos de la atención de la violencia de género contra las mujeres.”

Aunque precisa que “ no podemos asegurar una relación causal entre mayor presupuesto y eficiencia institucional”, la experta afirmó que “si en esta reducción de presupuesto no se hace un análisis de las problemáticas con filigrana y no se gasta con eficiencia y con el foco en las fallas específicas operativas, no únicamente no va a mejorar sino pueden presentarse aún mayores retos.”

Revilla Solís detalló que para la investigación, su grupo de trabajo realizó mesas de trabajo y grupos focales al personal policiaco municipal y estatal de diversos estados. Las y los participantes señalaron problemáticas que explican, en cierta medida, las fallas en la operación policial para brindar una atención efectiva a los casos de violencia de género. “Al llegar al Ministerio Público regresan a las mujeres que no muestren señales de violencia física grave”, fue la queja más nombrada. Asimismo, el Ministerio Público desincentiva la denuncia o envía a las mujeres a otras agencias o Centros de Justicia para las Mujeres después de horas de espera.

Las y los participantes indicaron que usaron recursos propios como automóviles, tiempo fuera de su jornada y en ocasiones gasolina propia para traslados de las víctimas a donde lo indique el Ministerio Público. Existe una falta de formación en el tema de perspectiva de género y protocolos de actuación, así como una falta de claridad en quién debe dar seguimiento a las órdenes de protección. Las o los peritos de las procuradurías tardan más de seis horas mínimo en llegar, alegaron.

Por el otro lado, al participar en las mesas de trabajo, el personal de las fiscalías, es decir, Ministerios Públicos, peritas y peritos, personal médico legista y de trabajado social, señalaron salarios bajos, horarios extensos, y la falta de recursos materiales, como tinta e impresoras. Algunas personas dijeron llevarse impresoras propias y comprar cartuchos de su propio salario. Indicaron una falta de vehículos para policías ministeriales, personas investigadoras y demás personal que requiera hacer diligencias, así como falta de gasolina, y falta de mobiliario para trabajar, falta de recursos para contratación de personal médico legista, de peritaje, y policía investigadora. Además, el personal de los ministerios públicos mencionó que les faltaba capacitación, y que jueces y juezas que no estaban capacitadas en perspectiva de género echaban atrás toda su investigación.

“Las fallas en la atención la encontramos en todo el proceso de acceso a la justicia de las mujeres, desde el policía local, fiscalías, procuradurías y jueces, además de una visión punitiva del tema”, concluyó Revilla Solís al analizar los resultados de las mesas de trabajo. Adivirtió que sería necesario implementar protocolos efectivos de atención, medios alternos de solución de conflictos en casos no graves, y mesas de trabajo con policías, fiscales, juezas y jueces. “Mientras las respuestas al tema de violencia contras las mujeres estén centradas en lo punitivo, y no se ponga el foco en las fallas operativas, pocas esperanzas de solución se vislumbran”, sentenció.

Al analizar los rubros de seguridad pública del Anexo 13 del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), que especifica el gasto de igualdad de mujeres y hombres, describió las acciones del gobierno de Andrés Manuel López Obrador como “poco alentadoras”. Los gastos para la Fiscalía General de la República disminuyeron de un total de 130 millones 862 mil 842 pesos en 2019, a 75 millones 161 mil 048 pesos en 2020, con los tres rubros de “Investigar y perseguir los delitos del orden federal “, “Investigar y perseguir los delitos relativos a la Delincuencia Organizada”, y “Promoción del respeto a los Derechos Humanos y atención a víctimas del delito” bajando de 122 millones 115 mil 792 pesos en conjunto, en 2019, a cero en 2020, según Revilla Solís. Al mismo tiempo, “Investigar y perseguir los delitos cometidos en materia de Derechos Humanos” subió de cero a 68 millones 494 mil 398 pesos.

Mientras tanto, el presupuesto de Gobernación en seguridad y protección ciudadana, permaneció estable, con los gastos para “Promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres” subiendo de 260 millones 483 mil 143 pesos en 2019, a 267 millones 632 mil 572 pesos, en 2020.

La investigadora indicó que los casos de violencia mal atendidos, violaciones a los principios básicos del debido proceso y a los derechos de la víctima, así como y una carencia total de la perspectiva de género, fueron los detonantes para las últimas movilizaciones de mujeres en México, y el resurgimiento del movimiento feminista en los últimos 4 años. Por lo tanto, la investigación buscó dar respuesta a la pregunta de qué había detrás de la inoperancia de las instituciones en la atención a las mujeres víctimas de violencia de género.

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