Elevar A Rango Constitucional Derechos de la Naturaleza: Max Correa

Toluca, México.- Con el propósito de elevar a rango constitucional el reconocimiento de los derechos que tiene, como un ser vivo, la Madre Tierra, el diputado Max Correa Hernández (morena) presentó una iniciativa que busca reformar diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de la Ley Agraria, a efecto de que sea enviada al Congreso de la Unión.

Al presentar la propuesta ante el Pleno, el legislador explicó que la naturaleza, como un ser vivo, tiene derecho a existir; a su cuidado, conservación y mantenimiento; a la restauración y regeneración de los ecosistemas naturales y ciclos biológicos, y al cuidado del agua, la flora y la fauna que en ella habitan.

Por ello, aseguró que es importante elevar este reconocimiento a la Ley máxima, de ahí que proponga modificaciones al artículo 1º de la Constitución, donde se reconocen los derechos humanos de las personas y en donde plantea que se plasmen también los de la naturaleza.

Señaló que será necesario también reformar los artículos 2º y 4º de dicho marco normativo, donde se reconocen los derechos de los pueblos originarios, ya que ellos ya mantienen una convivencia armoniosa y rinden respeto a la Madre Tierra.

Asimismo, expuso que es necesario que en el artículo 3º constitucional se establezca la responsabilidad de que la formación educativa, desde la niñez y hasta los grados superiores, implique el reconocimiento a los derechos de la naturaleza y una nueva cultura para garantizar y contribuir a la viabilidad de la vida y al combate al cambio climático.

La iniciativa incluye además reformas al artículo 27 de la propia Constitución —el cual le da toda la potestad a la nación sobre la propiedad del territorio y sus recursos— a fin de que la naturaleza no sea vista como un objeto de explotación, sino como un sujeto al que hay que respetar y convivir con él, garantizando su preservación, vida y trabajo.

El legislador agregó que su propuesta también busca retrotraer el principio de reparto de la tierra con base en el texto de la Constitución de 1917, a efecto de restituir a los campesinos sin tierra y a los pueblos el derecho de volver a acceder a la tierra, estableciendo asimismo el derecho de audiencia y justa indemnización a ejidatarios y comunidades ante expropiaciones y afectaciones sin decreto.

La iniciativa, a la que se sumó la diputada María de Lourdes Garay Casillas, presidenta de la Comisión Legislativa de Protección Ambiental y Cambio Climático, fue remitida, para su análisis y dictamen, a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Desarrollo Agropecuario y Forestal.

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